Los jueces y fiscales dicen basta. Han decidido convocar una huelga de tres días para protestar contra dos reformas legislativas impulsadas por el Ministerio de Justicia, liderado por Félix Bolaños. Una afecta al sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, y la otra modifica el estatuto del Ministerio Fiscal, otorgando a los fiscales la instrucción de causas penales, función que hasta ahora correspondía a los jueces de instrucción.
Se trata de la sexta huelga, tras el parón del pasado 28 de junio, y es especialmente significativa por su duración, el respaldo de numerosas asociaciones, todas menos la progresista, y el alto seguimiento, cifrado en un 75 %.
En el capítulo de hoy, entrevistamos a dos magistrados que representan a dos de las cinco asociaciones convocantes: Luis Ortíz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura.
¿Está en riesgo la independencia judicial? ¿Qué implican estas reformas? ¿Se debilita la autonomía en la instrucción de causas penales? Son algunas cuestiones que abordamos en el episodio de hoy.
çLuis Ortíz Vigil responde desde Asturias, donde cumple servicios mínimos durante la huelga. Deja claro que el paro no va “contra el Ejecutivo, sino en defensa del poder judicial”.
“No pueden ser reformas de partidos ni colores políticos, porque afectan a toda la ciudadanía”, afirma. Añade que cualquier cambio de este calado debe realizarse “en un clima de sosiego”, lejos de la tensión política generada por el llamado ‘caso Cerdán’. Además, según el magistrado, la reforma “debilita la autonomía de las investigaciones al conceder poderes desproporcionados al Fiscal General del Estado”.
Lo ejemplifica con una metáfora contundente: “Es como permitir que opere un cirujano que no está preparado; lo mismo quieren hacer con los jueces”.
Una idea similar expresa María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid. Para ella, con estas reformas “se deja en manos del Gobierno de turno el ejercicio de la acción penal contra los ciudadanos”.
“Parece una reforma diseñada para eludir procedimientos judiciales”, advierte. Aunque subraya que en España no existe el fenómeno conocido como lawfare, recalca que “cuando los jueces empezamos a investigar, se nos acusa y desacredita”. Lamenta que ese discurso, inicialmente promovido por sectores del independentismo catalán, “ha sido asumido por el propio Gobierno”.
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Jul 11 202521 m